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Durante años, el Servicio Madrileño de Salud ha asumido gastos millonarios que debería haber pagado la UTE de empresas que construyó el Hospital Infanta Leonor de Vallecas
Fecha/Hora: 04-04-2017 08:34:04

Así se esquilmó a la sanidad pública en uno de los hospitales de Aguirre investigados por la UCO

Foto 01:

CADENA SER

Es un goteo, año tras año, o bien se ha estado pagando por conceptos que no deberían haberse pagado, o bien, se ha estado dejando de facturar lo que correspondía. Eso es lo que ha estado ocurrido en el hospital Infanta Leonor (ubicado en Vallecas), cuya construcción, Esperanza Aguirre adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en 2005, una concesionaria a la que además, encargó toda la gestión no sanitaria - hablamos de limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, lavandería, administración, jardinería, esterilización o mantenimiento- durante 30 años, a través de un ‘canon’ millonario, que inicialmente, rondaba los 17 millones al año - posteriormente se ha ido incrementando hasta superar los 20 millones anuales- (ver más abajo).

Desde el año 2012, y al menos hasta 2015, la Intervención General de la propia Comunidad de Madrid alerta de todo tipo de irregularidades en el hospital Infanta Leonor, con las que se han ido esquilmando poco a poco a la sanidad pública. En varios de esos informes, a los que ha tenido acceso a la Cadena SER, se habla de todo tipo de “pagos indebidos”. Como por ejemplo, que la empresa púbica del Hospital “pagó 1.152.948 euros” por la conservación de la parcela donde se levanta el hospital, un importe “que debería haber pagado la concesionaria”. No lo hizo, a pesar del conocimiento expreso de la propia Consejería de Sanidad – es la primera en recibir estos informes de la Intervención General, a través de los gerentes de los hospitales-, que tampoco reclamó los más de 366.000 euros por “reparaciones debidas al mal uso de aparataje” que también debería haber asumido la concesionaria, porque como bien recuerda la Intervención General, en la oferta que presentaron las empresas se comprometían a tener en el hospital un equipo cualificado con “un ingeniero técnico, 2 jefes de equipo, 3 oficiales de 1ª, 4 electricistas, 2 oficiales de 2ª y un mecánico”.
Los interventores también descubrieron que el Hospital Infanta Leonor – que se inauguró en 2008- también pagó más de 610.000 euros – entre 2012 y 2013- a través de derivaciones - para hemodiálisis en centros no hospitalarios, resonancias, y otras pruebas por imagen- que se hicieron “fuera del procedimiento legal de contratación”. En esos informes, este órgano fiscalizador también alerta que esas pruebas contrataron con centros privados con los que “el hospital no mantiene conciertos”, pero no solo eso, también se sospecha que se pagó de más porque “los precios fijados no coinciden con la tarifa de precios públicos”. Y hay algo más grave. La Intervención no pudo acreditar que esas derivaciones por las que se pagó, realmente se hicieran, al menos en el caso de las “facturas de resonancias magnéticas y electromiografía” porque “no queda constancia de la realización efectiva de las pruebas” (casualmente, en ese año, el gasto por conciertos se incrementó un 58%).
EL SERMAS YA HABRÍA AMORTIZADO EL PAGO DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL
Gracias a uno de estos informes de la Intervención General se ha conseguido conocer otro dato que hasta ahora ha permanecido bajo un absoluto secreto. Este órgano fiscalizador ha sido capaz de aclarar qué cantidad de dinero paga a la comunidad a la concesionaria del Hospital Infanta Leonor solo por lo que supuso la construcción del centro. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de cuantificarlo. Ese importe ha sido un misterio porque nunca se ha desglosado el canon anual que se abona a las empresas. Cada año, el SERMAS está pagando cerca de 10.2 millones para amortizar la obra – se empezó a pagar en 2007-, porque el “58%” del canon se destinó a “inversión” (es decir al pago de la obra). Teniendo en cuenta que el Gobierno de Aguirre adjudicó las obras del Hospital Infanta Leonor por 98 millones de euros, ese hospital estaría casi amortizado, porque el SERMAS habría desembolsado ya más de 91 millones de euros solo por la construcción del centro. El problema es que a los madrileños les siguen quedando por contrato, otros 20 años más para seguir pagando por esas obras, es decir, estaríamos pagando por un hospital que ya podría estar pagado.
Podemos sospecha que esta situación no es exclusiva de este hospital, creen que está ocurriendo en los otros cinco hospitales que levantó Esperanza Aguirre, “si eso se demuestra nosotros revocaremos de inmediatos esos contratos”, según apunta el diputado José Manuel López, “porque no se puede seguir regalando dinero a estas empresas por algo que ya está pagado”.
Desde el año 2012, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) también ha estado pagando por un personal administrativo de este hospital “que no le corresponde”. En concreto, 23 administrativos que proceden del Hospital Virgen de la Torre, que suponen un gasto de más de 608.000 euros anales, que también deberían asumir las concesionarias, que son las encargadas de asumir todos los servicios nos sanitarios del centro. Como por ejemplo, la restauración. Sorprende que incluso, a la concesionaria, también se le ‘regaló’ el gas de la cocina, un gasto que “no fue repercutido a la concesionaria”, según advierten los interventores, que sospechan que ocurrió lo mismo “con la luz y agua”.
Pero no solo se dejó de cobrar, también se abonaron conceptos dudosos. En la fiscalización que se hizo a este hospital, al interventor también le sorprende los 91.783 euros que el SERMAS pagó a la UTE de empresas privadas “por unos supuestos ahorros energéticos que no estaban documentados”, tales como, apagar la luz en zonas comunes, bajar la calefacción 4 grados o cambia la temperatura del agua.
No hay que olvidar, que tres de las empresas que formaban parte de esa UTE del Hospital Infanta Leonor, entraron en concurso de acreedores, entre ellas, Cantoblanco, - del expresidente de la CEIM, Arturo Fernández condenado por las tarjetas black-, Begar – propiedad el empresario, Ulibarri, imputado en la Gürtel- y Ploder – donde trabajaba como consejera la mujer del exconcejal de Vivienda del PP, Sigfrido Herráez, según publicó El País-.


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