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La política de apaciguamiento en Cataluña puede resultar decisiva para que el Ministerio de Fomento suprima los peajes en las autopistas que reviertan al Estado a partir de 2018
Fecha/Hora: 10-04-2017 09:16:57

El Gobierno plantea liberar o bajar los peajes de las autopistas que reviertan al Estado

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EL CONFIDENCIAL

'Barcelona es bona si la bossa sona'. El controvertido refrán atribuido a los comerciantes italianos podría servir ahora para ilustrar la oferta de nuevas inversiones con que Rajoy ha tendido la mano a la Generalitat dentro de la actual y denominada 'legislatura de diálogo'. Los acuerdos con los máximos representantes políticos de Cataluña tienen una definida línea roja en el pretendido referéndum independentista, pero fuera de esta frontera innegociable todo es posible en el marco de los contactos bilaterales que se vienen desarrollando en los últimos meses. Incluido el viejo compromiso de levantar los célebres peajes de las autopistas que tantos lamentos reivindicativos han provocado en las relaciones históricas de la comunidad con el Gobierno central.
El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, en un pleno del Senado. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, en un pleno del Senado. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha tomado el testigo de Ana Pastor para reafirmar el compromiso electoral del Partido Popular que garantiza la reversión automática al Estado de todas las concesiones de autopistas que vayan venciendo en los próximos ejercicios. Dicha estrategia supone un cambio radical sobre la práctica llevada a cabo hasta ahora, que suponía la renovación de las concesiones a cambio de nuevas inversiones. A partir de ahora, el Gobierno asumirá de entrada el control de los autopistas, y lo que falta por resolver es si volverá a ofertar los activos en una nueva licitación o, por el contrario, asumirá la gestión con todas las consecuencias.
El futuro de las principales autopistas en España, su eventual nacionalización y las implicaciones que esto puede acarrear al Estado fueron analizados en una reunión celebrada recientemente por el titular de Fomento con el máximo ejecutivo de Abertis, Francisco Reynés. La entrevista no dio mucho de sí, más allá de una toma de contacto preliminar, pero sirvió en todo caso para que el responsable de la compañía, perteneciente al grupo Criteria Caixa, pudiera comprobar de primera mano la intención cada vez más firme del Gobierno por tomar el volante de las autopistas y levantar, bien sea total o parcialmente, los peajes que ahora cobran sus actuales concesionarias.
El ministro De la Serna ha comunicado los planes del Gobierno en una primera reunión con el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés
Los planes oficiales para liberar las autopistas constituyen una eterna cantinela en nuestro país, pero la 'amenaza' parece que ahora va en serio, y de ahí la reacción inmediata del sector, manifestada primero a través de la patronal Seopan y después por la propia Abertis, aprovechando su junta de accionistas de este pasado lunes. Ambas entidades han trasladado al Gobierno mensajes muy elocuentes de los riesgos económicos que comporta una decisión basada en criterios políticos pero que ha ido adquiriendo poco a poco carta de naturaleza dentro de la estrategia de apaciguamiento que Rajoy está dispuesto a mantener en Cataluña.
El presidente de Seopan, Julián Núnez, cuantificó en 3.000 millones de euros el coste de gestión que supondrán las autopistas cuando reviertan al Estado. Este importe incluye el dinero que pagan ahora las concesionarias por mantenimiento y lo que recauda también Hacienda por IVA. El representante corporativo de las grandes constructoras considera que la nacionalización dará lugar a un imponderable aumento del gasto público y aboga, en consecuencia, por mantener en todo caso los peajes. Sobre esta argumentación fundamental, el presidente de Abertis, Salvador Alemany, propone la renovación de las concesiones y su administración a base de 'peajes blandos' que sirvan para financiar los costes del mantenimiento.
El representante corporativo de las grandes constructoras considera que la nacionalización dará lugar a un imponderable aumento del gasto público
La prueba de fuego para conocer la hoja de ruta que va a seguir el Ministerio de Fomento se producirá en diciembre de 2018, cuando vence la concesión del tramo Burgos-Armiñón (Álava) de la AP-1. Esta autopista pertenece a Europistas, actual Itínere, empresa vinculada a Sacyr. En Abertis están a la expectativa, con las barbas a remojar que se dice, porque en 2019 caduca la AP-4 que conecta Sevilla con Cádiz y, a partir de ahí, la sombra de la nacionalización empezará a caer por todas las autopistas del Mediterráneo, destacando la finalización en 2021 de la concesión norte entre Barcelona y La Junquera.
La concesionaria de La Caixa se juega en estos envites un 25% de su ebitda, por lo que su gran apuesta corporativa no es otra que persuadir al Gobierno sobre la importancia que tienen las autopistas dentro de la política de consolidación fiscal en España. Las exigencias de la Comisión Europea inducen a la implantación de un nuevo modelo de tarificación equitativa y eficiente para el transporte sostenible, incluyendo la célebre Euroviñeta y la promoción del peaje electrónico europeo. Otra cosa es el dictado que impongan las circunstancias legislativas y el 'peaje' político que Rajoy esté dispuesto a pagar para que los actuales inquilinos de la Generalitat puedan apuntarse un tanto con sus contribuyentes y votantes.


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