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Presenta la querella contra Puigdemont y su Govern por desobediencia, prevaricación y malversación.
Fecha/Hora: 08-09-2017 18:18:01

La Fiscalía ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía intervenir las urnas y acusa a Puigdemont y Forcadell de delito de cárcel

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RTVE

La Fiscalía General del Estado ha dictado este jueves un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que tomen las "medidas necesarias" para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal.

Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos.

Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial y también ordena elaborar el correspondiente atestado ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".

Así lo señala el escrito remitido por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió este jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta del próximo 1 de octubre.

Querella contra Puigdemont, el Govern y Forcadell por delito de cárcel
Además, la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado diferentes querellas contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, el resto de miembros del Govern, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de admitir a trámite la ley del referéndum, por los delitos de "desobediencia grave cometida por la autoridad pública", prevaricación y malversación por las medidas tomadas esta semana para celebrar el referéndum independentista e intentar crear un Estado catalán.

El delito de malversación de fondos implica penas de prisión. En la querella, se recalca que se ha iniciado un procedimiento que implica un "importante gasto público" y el uso ilegal de fondos públicos. "Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos", sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.

Los acusados podrían haber llevado a cabo estos delitos, en el caso de la Mesa del Parlament, por tramitar y someter a votación la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica; y en el caso de Puigdemont y sus consejeros, por haber firmado un decreto para celebrar la consulta y por estar dedicando medios públicos a este fin.

La querella contra el Govern va dirigida, por tanto, contra Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxel Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa i Coll, Santi Vila y Meritxell Serret. La Fiscalía solicita que se reciba "declaración en calidad de investigados" a todos los miembros del Govern.

En el caso de la Mesa del Parlament, la Fiscalía pide también tomar declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados de la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Si, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Si Que Es Pot. Reclama también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, y a su secretario segundo, David Pérez.

La Fiscalía entiende en relación a Forcadell y la Mesa del Parlament que los querellados eran "plenamente conscientes" de que al tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad estaban desobedeciendo "frontalmente" lo dictaminado por el Constitucional. Y añade que se querella por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".

Los querellados, según el escrito, han demostrado con su actuación una "desvinculación absoluta con los poderes del Estado español a los que niega cualquier tipo de legitimidad", lo que es constitutivo de un delito de desobediencia.

El Parlament catalán, recuerda la Fiscalía, "no puede desconocer que la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar un referéndum". Y en cuanto al delito de malversación, que conlleva penas de cárcel, basa su acusación en que "la convocatoria de un referéndum implica un gasto de dinero público", y por tanto cualquier partida que se destine a su financiación es ilegal.

Cierre de la webs y fianzas contra los querellados
La Fiscalía ha pedido, además, el cierre de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum207 a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a Puigdemont y los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias como medida cautelar.

También ha reclamado que se aperciba a los alcaldes para que impidan que se facilite cualquier tipo de recurso o local para el referéndum. Según el Govern, son más de 560 los que han manifestado su intención de colaborar para la celebración de la consulta.

Asimismo, quiere que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el referéndum.

El Ministerio Público solicita esas medidas para evitar la celebración del referéndum, dado que "parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional".


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